Actualmente, el Reglamento dice que una empresa puede recibir un máximo de 200.000€ en ayudas de estado cada tres años. Esta cantidad, según varios estudios de universidades y cámaras empresariales de diferentes islas europeas, es insuficiente para paliar los costes de la insularidad, estimados en un 70% más sobre el coste de una empresa afincada al continente.

Homs ha subrayado que “esto es una disfunción del Mercado Interior que se tiene que corregir. Todas las empresas compiten en igualdad de condiciones menos aquellas que operan desde una isla.”

El debate ha llegado al Pleno raíz de una primera sesión en la comisión de política regional con la comisaria competente, la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager, el pasado 25 de enero. Entonces también se visibilizó la unidad del Parlamento en esta petición que hacen las islas europeas.